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Resumen

Todos los mexicanos gozan del derecho constitucional a la salud y la gran mayoría  de ellos tienen acceso al menos a servicios básicos de salud. Las diferencias en el acceso a servicios estriban fundamentalmente en los diversos regímenes de aseguramiento, los cuales están relacionados a su vez con la situación laboral de los jefes de familia. A pesar del acceso formal a la seguridad social, una gran parte de los ciudadanos optan por pagar de sus bolsillos para acceder a servicios privados de salud.

El gobierno y la sociedad civil están enfrentando el reto de proveer servicios de salud de calidad a un vasto sector de la población en condiciones de pobreza y exclusión. Los esquemas gubernamentales tales como el “Sistema de Protección Social en Salud”, y el “Seguro de Salud para la Familia”, contribuyen con una innovadora política de financiamiento equitativa y eficiente. Ha logrado así multiplicar los aportes fiscales a la vez que realizar importantes esfuerzos para incrementar la calidad de los servicios públicos. Por su parte, el programa Oportunidades brinda estímulos económicos para la demanda de servicios de salud por parte de familias en extrema pobreza.

Si bien se han hechos avances muy importantes para corregir la falla en el financiamiento a la salud, no se han encarado exitosamente las fallas en la prestación de servicios.

Algunos gobiernos estatales ya están ensayando fórmulas de contratación de servicios privados gracias a la flexibilidad que les confieren los presupuestos estatales. Los gobiernos estatales encaran también el reto de desarrollar la capacidad suficiente para la contratación, la regulación y la supervisión de los prestadores privados.

Los organismos de la sociedad civil (OSC), por su parte, han demostrado su capacidad para servir a población en condiciones de pobreza, si bien se han limitado por lo general a la atención de la salud reproductiva y bajo una gran dependencia de los donantes. Existen fuertes limitaciones en la capacidad tanto del gobierno como de las OSC para vincularse de manera efectiva como socios para llevar servicios básicos de salud a zonas de alta marginación.

La medicina privada está también logrando importantes avances en la ampliación de servicios en zonas urbanas e incluso servicios de medicina general y de especialidades básicas así como de farmacia y de laboratorio están cada vez más presentes en zonas rurales. Es muy probable que los influjos financieros por concepto de remesas del extranjero estén estimulando este mercado. En efecto, datos preliminares sugieren que las remesas llevan a duplicar el gasto en salud entre las familias que los reciben, al pasar de 4.2% a 8.0% del gasto del hogar. El gasto en salud llega incluso a representar hasta 20% del gasto de las remesas (University of California-SSA, 2006). No obstante, dicho gasto se efectúa al momento de demandar los servicios, lo cual expone a la población a gastos excesivos que pueden incluso sumirlos en la pobreza. En cualquier caso, la medicina privada encara importantes fallas de mercado pues carece de los estímulos necesarios para invertir en formas de organización que permitan la entrega de servicios de calidad.

Se requiere, por lo tanto, de una nueva visión que lleve a combinar el financiamiento y la infraestructura hospitalaria disponibles en el sector público con la capacidad de la iniciativa privada para responder a oportunidades y para entregar servicios integrales de calidad, adecuados a las necesidades de la población.

El Instituto Carso de la Salud trabaja en estimular la combinación de las diferentes formas de financiamiento de la protección social en salud ya existentes en México. Como parte de la estrategia del Instituto Carso de la Salud, se concibe una plataforma de acción denominada “Empresas Sociales”, dicha plataforma persigue ser el brazo operativo del propio Instituto, teniendo a su cargo instrumentar programas y proyectos que estimulen tanto a la oferta como a la demanda de servicios médicos.

Las empresas sociales (ES) son aquellas donde la dinámica empresarial aprovecha fuerzas tanto mercantiles como no mercantiles para perseguir un fin social. Buscan el financiamiento propio por medio de la producción de bienes y servicios como un complemento a los subsidios públicos, a los donativos privados y al trabajo voluntario. El objetivo primario de las ES es la asistencia a víctimas de la exclusión social más que la generación de ganancias para los accionistas. La diferencia básica entre ES y los OSC es la visión empresarial, el grado de autonomía del Estado y la provisión de servicios innovadores en respuesta a las necesidades que no llenan ni el Estado ni el mercado.

Las ES componen a la “economía social” o “tercer sector” situándose en el punto de encuentro entre las fuerzas del mercado que promueven la eficiencia económica y las intervenciones del Estado que promueven la justicia social. Desde otra perspectiva, las ES responden a fallas del mercado y del gobierno, estas últimas de burocracia y falta de flexibilidad y dificultad para la identificar preferencias y para encarar inequidades.

Las ES están surgiendo aceleradamente y bajo múltiples formas en los países que conforman la OECD. Ello como una respuesta de la sociedad civil a los cambios en la legislación del Estado de Bienestar y a los retos que impone el desempleo, la migración y la exigencia de mayor integración de grupos excluidos en el contexto de políticas de desarrollo y revitalización regional. Las ES se caracterizan por poner en práctica soluciones innovadoras que aprovechan al contexto local para reforzar su desempeño económico y social. Desarrollan, así, el tipo de economía que fortalece la cohesión social como uno de los fundamentos del desarrollo sustentable.

El Instituto CARSO de la Salud, está considerando apoyar técnica y financieramente el desarrollo de “Acercar Soluciones” como organización replicadora de innovaciones. Dicha organización desarrollara la estrategia “Casalud”, la cual incluirá un estimulo a la oferta con base en el desarrollo de establecimientos de servicios integrales de primer nivel y/o de especialidad con referencia a servicios complementarios.

La estrategia tiene que ver con la creación de los espacios y de la marca “Casalud” siguiendo un modelo de franquicias sociales para su crecimiento.

Los establecimientos estarán fundamentados en empresas sociales que buscarán crecientemente la sustentabilidad al perseguir tanto objetivos sociales como económicos. Dichas empresas sociales habrán de estimular la oferta, no sólo de servicios sino de tecnología apropiada para resolver los problemas que afectan a los pobres en México y en otras partes del mundo. Sobre estas bases se habrá de superar las limitaciones de los servicios públicos y privados, tanto lucrativos como no lucrativos, para brindar servicios básicos integrales de alta calidad a poblaciones en condiciones de pobreza rural y periurbana.

“Casalud” será una empresa social de gran visión, abocada a encarar el reto de la inequidad en México y del compromiso histórico con el bienestar de la población rural y urbana marginal.  La visión será, entonces, la de coadyuvar en la cobertura de servicios de salud integrales para la población en pobreza y en condiciones de movilidad. Ello de manera acelerada, ampliamente participativa y sustentada en el desarrollo económico.

Para cumplir la visión se proponen tres objetivos estratégicos:

1. Perseguirá el interés social de la población pobre y urbana marginal con base en una actividad que ofrezca incentivos económicos para facilitar una plena relación con las necesidades de salud y con el desarrollo económico sustentable.

 

2. Responderá a oportunidades y será capaz de estimular la oferta de servicios integrales de salud de alta calidad, adecuados a las necesidades de la población móvil y en extrema pobreza.

3. Se organizará con base en un modelo de franquicias sociales que permita la extensión ágil y oportuna de servicios de salud básicos y comunitarios, articulándolos con el financiamiento de la red pública de servicios y del sector privado.

 

Una de las principales estrategias de financiamiento de “Casalud” será la oferta de servicios a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y a compañías aseguradoras privadas de acuerdo a sus planes de beneficio. Se considerarán, entre otras fuentes de financiamiento, los recursos económicos que los clubes de migrantes en el extranjero envían a sus hogares en México, los cuales tienen interés por invertir en sus comunidades de origen. La movilización del trabajo voluntario será asimismo una estrategia a ser considerada. El modelo de atención de “Casalud” privilegiará las tecnologías de punta apropiadas al medio rural y urbano, tales como kits diagnósticos, telemedicina y cirugía ambulatoria. Se incluirán tanto la medicina alopática como las formas de atención tradicionales y complementarias. Incluirá así mismo y de manera flexible módulos de atención dental, de salud mental, deficiencias visuales y de albergue para mujeres con embarazo de alto riesgo, entre otros. La organización de los establecimientos propiciará la participación social local con base en el reclutamiento de recursos humanos de la localidad anclados en enfermeras o médicos jubilados que deseen retornar o permanecer en sus comunidades.